El Superior Tribunal de Justicia (STJ) requirió ayer informe al Poder Ejecutivo Provincial respecto a las medidas adoptadas en orden al cumplimiento de lo dispuesto por la Sentencia Nº 183/18, otorgándole un plazo de diez días.

Cabe destacar que el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz, fue denegado debido a que la sentencia dictada por Alto Cuerpo resultó favorable a sus representados alojados en los pabellones Nº 9 y Nº 31 de la Alcaidía provincial.

El requerimiento va encaminado a que se informe al Tribunal sobre los recaudos implementados en el contexto de la sentencia, para garantizar el cese de toda eventual situación de agravamiento de las condiciones de detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado.

A ello se agregan las recomendaciones en orden a la mejora de los aspectos nutricionales, lo relativo  a las condiciones del lugar destinado para el culto y la posibilidad de acceder a programas de trabajo de aquellos internos que se encuentren en condiciones, entre otras cuestiones.

Para lo cual se había dispuesto intensificar los tratamientos interdisciplinarios, el pleno respeto a los plazos establecidos en la ley de ejecución, e incrementar la dotación profesional del Consejo Correccional a fin de respetar los tiempos y necesidades de la población carcelaria.

Fuente  :  Primera  Linea