El Gobierno oficializó que las personas con discapacidad viajen en micros solo en la planta alta

Ago 18, 2026 administrador Locales, Nacionales 0

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La reciente decisión del Ejecutivo nacional de habilitar a las empresas de transporte de larga distancia a otorgar los pasajes gratuitos para personas con discapacidad únicamente en los asientos semicama ubicados en la planta alta de los colectivos de doble piso generó un fuerte revuelo en diversos sectores de la sociedad y puso bajo la lupa las normativas vigentes sobre accesibilidad e inclusión.

Hasta el momento, la normativa contemplaba un criterio más amplio que garantizaba el acceso a ubicaciones adecuadas sin poner en riesgo la integridad ni la comodidad de los pasajeros que presentan movilidad reducida u otras condiciones. Sin embargo, con esta disposición, las compañías del sector quedan facultadas para acotar la entrega de los denominados cupos gratuitos a los pisos superiores, los cuales, en la gran mayoría de las unidades, exigen el uso de escaleras empinadas que representan una barrera arquitectónica insalvable para quienes utilizan sillas de ruedas o tienen dificultades motrices severas.

Desde distintos organismos de control y asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad advirtieron que esta resolución vulnera principios fundamentales consagrados en convenciones internacionales y leyes nacionales que garantizan el traslado en igualdad de condiciones. A su vez, señalaron que la medida traslada toda la carga de la fiscalización a los usuarios afectados, quienes muchas veces deben recurrir a reclamos formales ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para hacer valer sus derechos elementales.

Por su parte, fuentes del sector empresario de transporte justificaron la medida en la necesidad de ordenar la oferta de plazas y sostener la operatividad de los servicios en un contexto económico complejo, argumentando que las unidades de doble piso concentran la mayor cantidad de butacas disponibles en el nivel superior. No obstante, las organizaciones sociales remarcan que la rentabilidad no puede anteponerse a la dignidad y a la accesibilidad universal, exigiendo una revisión urgente de la normativa para evitar que se profundice la vulnerabilidad de un sector históricamente postergado.

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