La fiscalía atribuye a Báez una trama para operar bienes cautelados y mover fondos

Nov 13, 2026 Noticias Politica 0

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Una causa a cargo de la fiscalía federal de Río Gallegos investiga a Lázaro Báez y a otras personas por una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos, la insolvencia fraudulenta y la defraudación. La pesquisa, que también analiza posibles vínculos con el narcotráfico, incluye a Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y a Sebastián Ibáñez, señalado como presunto testaferro. Según la información publicada, Insaurralde e Ibáñez estaban detenidos junto con otros imputados al momento de la investigación. En la causa intervienen fiscales federales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Entre los elementos reunidos hay dos cuadernos secuestrados: uno que Báez tenía en el penal de Ezeiza y otro atribuido a Insaurralde. La fiscalía examina anotaciones sobre dinero, propiedades y cobros, además de un documento titulado El Clan cuyos nombres coincidirían con los de varias personas imputadas. La hipótesis fiscal sostiene que Báez habría dado instrucciones desde la cárcel para mantener el control y la explotación de bienes alcanzados por medidas judiciales.

El expediente describe el uso de propiedades y empresas vinculadas a Báez, entre ellas estancias rurales, inmuebles en Río Gallegos y El Calafate y firmas como Austral Agro y Kank y Costilla. La sospecha es que parte de ese patrimonio, sujeto a embargos, decomisos o pedidos de decomiso, habría seguido generando ingresos mediante alquileres y otras actividades sin respetar las restricciones judiciales. La investigación también menciona rodados con pedidos de secuestro y la presunta venta clandestina de galpones.

La conexión con el narcotráfico surgió, según la investigación, del análisis de escuchas obtenidas en una causa previa por tráfico de drogas. En una de ellas, Ibáñez habría lamentado el secuestro de 60 kilos de cocaína en Comodoro Rivadavia; los investigadores sospechan que conocía la llegada del cargamento y que formaría parte de su comercialización en Santa Cruz. La fiscalía también atribuye a la estructura un posible apoyo logístico mediante maquinaria y camiones de empresas relacionadas con Báez, además del uso de propiedades.

Los informes bancarios analizados registraron 677 transacciones entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 en cuentas vinculadas a Ibáñez y Jorge Ulloa, de las cuales 662 se acreditaron por 380.620.089 pesos. La fiscalía calculó un flujo total cercano a 390.880.000 pesos. La investigación describe transferencias fraccionadas, movimientos entre cuentas de terceros y giros entre cuentas propias de Ulloa, además de operaciones relacionadas con apuestas, como mecanismos que habrían dificultado rastrear el origen y destino de los fondos.

La acusación también detalla transferencias por 5.100.000 pesos a Insaurralde y una inyección de capital en una firma agropecuaria. Según el expediente, se habría intentado justificar el ingreso de divisas como una operación de venta de lana, aunque la actividad declarada por la empresa no incluía esa producción. En otra línea, una llamada desde el penal de Ezeiza habría registrado a Báez reclamando la actualización del alquiler de un inmueble sujeto a cautela judicial.

Báez permanece detenido y cumple una pena unificada de 15 años por las condenas de las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, según la información del expediente. La nueva pesquisa busca establecer si él y las demás personas investigadas organizaron operaciones para explotar bienes que debían quedar sujetos a decisiones judiciales y si esa estructura tuvo participación o vínculos con el tráfico de drogas. Las acusaciones de esta causa todavía corresponden a una investigación judicial y no equivalen a una condena.

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