Alfredo Astiz, uno de los emblemas de la represión de la última dictadura militar, reclamó la salida de la carcel por el riesgo de contraer coronavirus. La presentación la hizo su defensa ante el Tribunal Oral Federal 5, que llevó adelante los juicios en su contra. Ahora se ordenó una junta médica para evaluar su situación.

El ex represor Miguel Etchecolatz y el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti también pidieron la prisión domiciliaria, según indicaron a Infobae fuentes judiciales. Esos dos pedidos se hicieron ante el Tribunal Oral Federal 6. Hay más de una veintena de detenidos de lesa humanidad que están pidiendo planteos similiares.

Astiz, de 69 años, está detenido desde el 20 de diciembre de 2007, por crímenes de lesa humanidad. Fue condenado varias veces a prisión perpetua por los atroces delitos que se cometieron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En prisión, sufrió cáncer de próstata.

Su figura se transformó en un ícono de la dictadura militar: fue el “Ángel de la Muerte”, miembro del Grupo de Tareas 3.3.2 del mayor centro clandestino de detención y pieza clave en el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo -organismo en el que se infiltró como familiar de un desaparecido-, Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga; y de la adolescente sueca Dagmar Hagelin.

Un planteo similar solicitó la defensa de Miguel Etchetcoltaz, de 90 años. Fue el jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura y condenado por más de 400 secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. En diciembre de 2017 se le había otorgado la prisión domiciliaria por razones de edad y salud, pero tras una serie de escraches en el barrio de Mar del Plata a donde había ido a vivir Casación revocó esa decisión y lo devolvió a prisión. La defensa oficial remarcó los riesgos de salud para una persona de su edad frente a la pandemia del coronovirus.

El TOF 6 también recibió el planteo de prisión domiciliaria de la defensa de Raúl Antonio Guglielminetti, alias Mayor Guastavino. Se trata del agente de inteligencia que perteneciente al Batallón 601 y llevó adelante una serie de operaciones criminales en el marco de la dictadura. Fue detenido en 2006 y condenado en 2011 a 20 años de prisión por esos crímenes. En 2017 se le negó la prisión domiciliaria.

Pero además, en el retorno de la democracia, Guglielminetti se sumó a la custodia del entonces presidente Raúl Alfonsín, valiéndose de que aún era desconocido su papel en la represión terrorista de Estado. Se lo sindicó además de integrar la “Banda de Aníbal Gordon” y se lo sindicó como uno de los responsables del secuestro y asesinato del empresario y banquero Osvaldo Sivak en 1985. Se transformó así en un símbolo de la llamada “mano de obra desocupada”.

La semana pasada, a raíz de la pandemia que se vive en el mundo, Casación solicitó «a las autoridades competentes la adopción con carácter de urgente y en forma conjunta un protocolo específico para la prevención y protección del Coronavirus COVID-19 para resguardar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, en especial aquellas consideradas dentro de algún grupo de riesgo. Además, encomedó a los jueces penales que le den un trámite urgente a las presentaciones de detenidos que cuya salud esté deteriorada. En esa lista se encuentran varios de los detenidos de lesa humanidad.