Causa exen: la defensa de los detenidos cuestionó los operativos y pidió acceso al expediente

Ago 08, 2026 administrador Locales, Policiales 0

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La pesquisa que lleva adelante la Justicia Federal en el marco del expediente Exen sumó un capítulo clave con la constitución de los abogados defensores de los tres imputados que continúan privados de su libertad. La firma investigada experimentó una vertiginosa expansión en el Litoral al abrir siete complejos deportivos de categoría en apenas un año y medio, un crecimiento patrimonial que encendió las alertas de los investigadores federales ante la sospecha de maniobras de lavado de dinero.

En las últimas horas, la doctora Gabriela Tomljanovic asumió la representación legal de los acusados y confirmó que, hasta el momento, no pudo acceder a las actuaciones sumariales. En diálogo con los medios, la letrada detalló los pasos procesales que se avecinan en los tribunales federales. «Hoy a la mañana nos entrevistamos con cada uno de ellos y nos han solicitado que nos hagamos cargo de la defensa. En el transcurso de la tarde vamos a estar subiendo formalmente el pedido al Ministerio Público Fiscal y suponemos que el lunes se estarán llevando adelante las audiencias para formalizar lo que es la acusación», indicó.

Actualmente, los sospechosos cumplen un régimen de incomunicación por el término de 48 horas, una medida procesal que impide todo contacto con el exterior, incluidos familiares y coimputados.

Uno de los ejes centrales de la crítica de la defensa recayó sobre los procedimientos ejecutados en los establecimientos comerciales, a los que calificó como un virtual desmantelamiento. Para Tomljanovic, el operativo dispuesto excedió el secuestro de elementos de interés para la causa y afectó la fuente laboral de numerosas familias. «Una orden judicial, es decir, una medida que solicita un fiscal pero detrás de él hay un juez que tiene que velar por el respeto de las garantías constitucionales, ordena desmantelar, no solamente secuestrar los insumos vinculados a la causa, sino el desmantelamiento de las instalaciones sin siquiera pensar en que ahí atrás hay familias que viven de un sueldo», cuestionó. Asimismo, advirtió sobre una supuesta afectación a las garantías constitucionales básicas: «Un principio de inocencia no respetado porque se actúa como si fuesen condenados y se apoderan de todos tus bienes».

En cuanto al origen de los fondos que permitieron fondear la estructura comercial, la abogada apuntó a las contradicciones iniciales sobre el inicio de las pesquisas y señaló que aún aguardan conocer las pruebas reunidas por los investigadores. Mientras tanto, deslizó que las inversiones habrían respondido a operaciones particulares y deudas bancarias, aclarando además que los locales comerciales operaban bajo la modalidad de alquiler.

Por otra parte, la defensa se refirió a la situación de las personas que cuentan con pedido de captura vigente en el marco del expediente. La letrada confirmó que la fiscalía requirió la localización nacional e internacional de los prófugos ante la presunción de que habrían abandonado el territorio nacional, a la espera de que se presenten espontáneamente o sean aprehendidos por las fuerzas de seguridad.

De cara al avance del proceso penal, los profesionales adelantaron que articularán un legajo probatorio propio para refutar los argumentos de la acusación pública, al tiempo que insistieron en cuestionar el impacto económico que las medidas cautelares generan sobre el patrimonio de los imputados mientras se sustancia la investigación.

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