May 31, 2026 administrador Locales, Provinciales 0
La concejal Cintia Frencia, representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad en la ciudad de Córdoba, junto a la dirigente nacional del Plenario de Trabajadoras, Soledad Díaz García, y la Asamblea Ni Una Menos, formalizaron un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón. La medida surge a raíz de las graves irregularidades detectadas en la investigación del femicidio de Agostina Vega, hecho que, según las denunciantes, expone una red de complicidades estatales. Frencia sostuvo que la inacción del Estado fue evidente, señalando al fiscal Garzón, al Ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y al concejal del Partido Justicialista, Ricardo Moreno, como responsables de una cadena de negligencias.
De acuerdo con lo denunciado, la investigación estuvo marcada por una serie de omisiones críticas que favorecieron la impunidad. A pesar de que la familia inició la búsqueda inmediatamente tras la desaparición de la joven y acudió a la fiscalía, la denuncia formal no fue radicada hasta el lunes 25, sin que se activaran protocolos de búsqueda urgente ni el Alerta Sofía. Incluso existiendo un testimonio clave de un remisero desde el domingo que señalaba al sospechoso, identificado como Barrelier, las autoridades retrasaron la detención y los allanamientos hasta el miércoles siguiente. Para las denunciantes, esta demora injustificada tuvo como objetivo deliberado dilatar el proceso.
Soledad Díaz enfatizó que el presunto encubrimiento posee raíces políticas, dado que el sospechoso se desempeñaba como becario de la municipalidad de Córdoba y contaba con antecedentes graves. Barrelier había sido denunciado previamente por otra mujer que logró escapar de la misma vivienda tras un intento de violación; sin embargo, en aquel momento recuperó la libertad bajo fianza. En ese expediente, el abogado defensor del acusado fue el actual concejal Ricardo Moreno, quien según la denuncia, intervino nuevamente en esta causa facilitando a su yerno, Sánchez del Bianco, para ejercer la defensa del principal sospechoso.
Ante este cuadro de situación, las referentes políticas calificaron el accionar judicial y gubernamental como absolutamente improcedente y viciado por la protección política hacia el imputado. Por estas razones, además del jury contra el fiscal Garzón, se ha reclamado formalmente la renuncia del ministro Juan Pablo Quinteros y la inmediata expulsión de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante, bajo la premisa de que no puede existir tolerancia alguna frente al encubrimiento y la impunidad en un caso de violencia de género de tal magnitud.





















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