La inteligencia artificial ya compra por nosotros: qué pasa si se equivoca y quién se hace responsable

Oct 11, 2026 Noticias Tecnologia 0

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La inteligencia artificial empieza a ir más allá de responder preguntas o recomendar productos: ya puede buscar, comparar y comprar en nombre de una persona o de una empresa. Esta modalidad, conocida como comercio agéntico, promete agilizar las operaciones, pero también plantea interrogantes legales: ¿qué pasa si un agente acepta condiciones que su dueño nunca leyó? ¿Quién responde si hace una compra equivocada?

El fenómeno podría crecer rápidamente. Según un informe de Bain & Company, el comercio agéntico podría generar entre 300.000 y 500.000 millones de dólares en Estados Unidos para 2030, hasta el 25% de las ventas online de ese país. En el segmento corporativo, Gartner proyecta que en 2028 el 90% de las compras entre empresas estará intermediado por agentes de IA.

En la Argentina también hay señales de avance. De acuerdo con Bain, el 72% de los usuarios locales ya usa herramientas de IA en su rutina diaria y un 30% estaría dispuesto a comprar solo a través de asistentes. A su vez, según NielsenIQ, el comercio electrónico de productos de consumo masivo alcanzó en 2025 una participación del 9,1%, con un crecimiento interanual del 48%.

A diferencia de las compras online tradicionales, en las que una persona elige el producto y confirma la operación, en este modelo alcanza con una instrucción del tipo “reordená la comida de la semana”. El agente interpreta el pedido, evalúa alternativas y ejecuta la compra. “Los agentes de IA ya pueden comprar y negociar por nosotros con una eficiencia enorme, pero eso desplaza un problema que el comercio tradicional daba por resuelto: la confianza”, señaló Lucas Macchiavelli, representante en la Argentina de Input Output Global (IOG).

Un informe elaborado por los argentinos Mauro Andreoli, de IOG, y Luciano Oliva, investigador en inteligencia artificial y blockchain, identifica cuatro focos de conflicto. El primero es el consentimiento: no está claro qué ocurre cuando un agente acepta términos y condiciones sin que su dueño los revise. El segundo es la resolución de disputas, sobre todo en pagos con criptomonedas o stablecoins, que pueden ser irreversibles y no tienen contracargos como otros medios de pago.

El tercero es la defensa del consumidor, ya que las normas exigen informar de manera clara antes de cerrar una operación, algo difícil de cumplir cuando dos agentes negocian en milisegundos. El cuarto es la prueba de lo acordado: sin un registro verificable, puede ser complicado reconstruir qué ofreció cada parte y con qué nivel de autorización actuaba el sistema.

“El comercio electrónico tradicional tardó dos décadas en construir su arquitectura legal, y toda ella descansaba sobre una premisa: que había un humano presente en el momento de la compra. El comercio agéntico elimina esa premisa, y cada mecanismo que conocíamos empieza a fallar”, explicó Andreoli.

Uno de los riesgos es que una persona o empresa quede atada a condiciones que nunca leyó. “Una empresa que acepta lo que compró su agente puede estar aceptando también cada cláusula que nunca leyó. La pregunta deja de ser qué sabía el responsable y pasa a ser qué hizo el sistema que construyó”, advirtió.

Según el análisis, podrían surgir demandas colectivas por condiciones aceptadas automáticamente, reclamos por incumplimientos y disputas sobre cuál fue el acuerdo final entre dos sistemas que negociaron sin intervención humana. Además, la responsabilidad podría repartirse entre el comprador, el vendedor, la plataforma, el desarrollador del agente, el proveedor del modelo de IA o el procesador de pagos, y una sola falla de configuración podría repetirse en muchas operaciones en poco tiempo.

Para dar respuesta a estos problemas, distintas iniciativas buscan crear reglas y mecanismos de arbitraje para las operaciones entre agentes, como Internet Court, de la empresa GenLayer, y el Legal Context Protocol, impulsado por la American Arbitration Association junto con Integra Ledger, que apunta a estandarizar cómo se registran y verifican los acuerdos.

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