May 31, 2026 administrador Economia, Locales 0
El Fondo Monetario Internacional difundió recientemente una serie de recomendaciones impositivas para Argentina que han encendido las alarmas en el sector productivo nacional. El organismo propone ampliar la base del Impuesto a las Ganancias, sumar más bienes y servicios al IVA y elevar las categorías del Monotributo. Sin embargo, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advierten que estas medidas son regresivas, ya que recaen directamente sobre el bolsillo de los trabajadores, los pequeños contribuyentes y el consumo interno, sin abordar los problemas estructurales que realmente frenan la inversión y la generación de empleo formal en el país.
El núcleo del conflicto fiscal no se encuentra en las políticas nacionales, sino en el complejo y distorsivo entramado tributario subnacional. Actualmente, las empresas deben lidiar con una superposición de impuestos provinciales y tasas municipales, como Ingresos Brutos y las tasas de servicios, que representan un costo fijo de entre el 2% y el 6% de las ventas brutas, independientemente de si la empresa tiene ganancias o pérdidas. A diferencia de un tributo sobre las utilidades, el esquema actual funciona como un impuesto en cascada que se acumula en cada eslabón de la cadena productiva, encareciendo el producto final y restando competitividad a nivel nacional e internacional.
Un aspecto crítico y poco transparentado de este sistema es el régimen de retenciones y percepciones aplicado por las provincias. A través de este mecanismo, los fiscos provinciales recaudan montos de manera anticipada que, en la mayoría de los casos, superan el impuesto real que la empresa debería pagar. Esto genera saldos a favor permanentes que se convierten en un verdadero calvario financiero para el contribuyente, dado que los plazos de devolución pueden extenderse hasta tres años. En un contexto de alta inflación, esta demora licúa el capital de trabajo de las pymes, operando en la práctica como un préstamo forzoso al Estado que no figura en ninguna estadística de presión tributaria oficial.
Ante este panorama, la entidad empresaria sostiene que el camino no es ajustar sobre los ingresos de los trabajadores, sino avanzar en un Nuevo Consenso Fiscal que armonice la relación entre la Nación, las provincias y los municipios. La propuesta apunta a racionalizar el sistema eliminando el efecto cascada en Ingresos Brutos y dotando a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de mayores facultades para fiscalizar la transparencia y los plazos de devolución. De lo contrario, se continuará alimentando un círculo vicioso que contrae la demanda interna y desincentiva la radicación de empresas en el interior del país, postergando la recuperación productiva que la Argentina necesita de manera urgente.





















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