Oct 30, 2026 administrador Locales 0
El estado de las aceras margina a personas con discapacidad y adultos mayoresLa concejalía de Ángel Sánchez llevó adelante un relevamiento exhaustivo en el macrocentro de la ciudad de Resistencia que dejó al descubierto una compleja situación en materia de infraestructura urbana. El análisis constató que una gran cantidad de veredas en calles pavimentadas de la capital chaqueña presentan serias deficiencias estructurales, tales como desniveles pronunciados, diferencias de altura arbitrarias entre una propiedad y otra, y la ausencia total de rampas adecuadas para la accesibilidad.
Esta realidad imposibilita el traslado seguro de personas con movilidad reducida, adultos mayores e individuos que se desplazan en silla de ruedas, además de dificultar el tránsito de vecinos que circulan con coches de bebés. Durante el recorrido realizado en zonas neurálgicas como la intersección de la avenida Vélez Sarsfield y la avenida La Heras, se verificó que la falta de homogeneidad en las construcciones privadas afecta la transitabilidad peatonal de forma alarmante.
Responsabilidades compartidas y falta de control municipalDesde el espacio legislativo aclararon que, si bien el mantenimiento de las aceras recae sobre los frentistas, las veredas constituyen un espacio de dominio público cuya regulación y fiscalización dependen de la administración local. En este sentido, se cuestionó duramente la inacción del ejecutivo municipal por no aplicar las normativas vigentes ni ejercer el poder de policía necesario para ordenar el espacio público.
El informe advierte que la problemática no se limita únicamente a los desniveles de altura, sino que abarca también la obstrucción generada por canteros irregulares, la invasión de la vía pública con mesas y sillas por parte de comercios gastronómicos y kioscos, y los daños provocados por las raíces de los árboles sin la debida intervención estatal para su saneamiento o extracción. Ante un eventual accidente en la vía pública, la falta de respuestas institucionales deja a los damnificados expuestos a un escenario donde tanto el propietario frentista como el municipio cargan con responsabilidades civiles por omisión de control.
Frente a los interrogantes sobre la necesidad de crear nuevas normativas, desde la concejalía señalaron que la materia se encuentra completamente legislada, por lo que el conflicto actual responde estrictamente a una falta de decisión política para hacer cumplir las ordenanzas mediante inspecciones y sanciones efectivas.
Respecto a los canales formales ante siniestros o inconvenientes de circulación, se indicó que el reclamo principal debe radicarse en el ámbito del municipio capitalino. No obstante, ante la ausencia de respuestas operativas por parte de las autoridades locales, los ciudadanos damnificados tienen la alternativa de realizar las exposiciones o denuncias correspondientes en la comisaría de la jurisdicción donde se haya registrado el inconveniente.





















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