Revés para los dueños de Grido: la Justicia les revocó el sobreseimiento e irán a juicio oral por asociación ilícita fiscal

Jul 23, 2025 Noticias Policiales 0

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La Justicia revocó el sobreseimiento de los dueños de Helacor, empresa cordobesa dueña de las heladerías Grido, y podrían ir a juicio oral por el presunto delito de asociación ilícita fiscal. La sentencia de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación alcanza a Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago.

Así, el fallo por mayoría rechazó la decisión del Tribunal Federal Oral 2 de Córdoba, que en agosto decidió que ese delito estaba alcanzado por la ley de blanqueo.

Los tres ejecutivos adhirieron al programa de regularización de activos habilitado en 2013 por la ley 26.860, reconocieron el delito y suscribieron certificados de depósito para inversión (Cedin) por US$ 2 millones.

Apuntaron a extender los beneficios del régimen al supuesto delito de asociación ilícita fiscal, pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la solicitud.

Los ejecutivos de Grido adhirieron al programa blanqueo de 2013. Foto: archivo

Fuentes del sector explicaron que “el juicio oral es una de las posibilidades”, pero reconocieron que también “es probable que esa instancia no suceda”. “El caso debe volver al trámite anterior y en esa instancia existen vías recursivas habilitadas que se presentan como buenas alternativas”, aclaró.

El origen de la causa

La causa se inició por presuntos delitos cometidos entre 2007 y 2012, y se acusó a los directivos de integrar una “asociación destinada a cometer delitos tributarios para aumentar sus ganancias”.

En ese sentido, según la acusación, habrían formado una organización orientada a cometer maniobras tributarias para maximizar beneficios económicos con un esquema que habría alcanzado distintos niveles del negocio, desde la producción hasta la distribución y venta de helados e insumos. También estarían involucrados terceros y las franquicias.

“El fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos”, indicó oportunamente ARCA, la exAFIP.

“Su modo de operar logró evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales mediante la comercialización marginal de helados a gran escala a través de un sistema ideado, implementado, ejecutado y controlado por los directivos llamado ‘operaciones W’, en el que estarían implicados contadores y abogados cercanos a la empresa”, precisó en un operativo en mayo de 2012, que incluyó más de 18 allanamientos.

Según ARCA, se logró evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales. Foto: archivo

En ese entonces, los ejecutivos ofrecieron una “reparación integral del daño causado” por $ 240 millones destinados a distintas organizaciones de bien público, en tanto sus abogados pidieron la aplicación retroactiva del régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social aprobado el año pasado y del decreto reglamentario 608/24, que plantea que la extinción de la acción penal aplica también a los imputados por delitos fiscales comunes.

“Se están analizando las distintas alternativas que existen como consecuencia de lo resuelto y los próximos pasos a seguir en esta causa. Entre ellas, están evaluado acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atento que en estas actuaciones distintos tribunales han dispuesto dos sobreseimientos sobre los tres Santiago”, señalaron al respecto fuentes

Y agregaron que “por más que ambas resoluciones hayan sido revocadas, el punto central de controversia se suscita en torno a las interpretaciones de sucesivas leyes de sinceramiento fiscal y su último decreto reglamentario, evidenciándose una disparidad de criterios sobre esta temática, lo que ameritaría la oportunidad para que la máxima institución jurídica del país se expida, ya que hasta ahora no lo habría realizado, estableciendo así un criterio uniforme, evitando los desgastes judiciales que se producen a consecuencia de la diversidad de criterios judiciales”.

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