Se profundiza el enfrentamiento entre los fiscales y el Gobierno: pase de facturas, falta de diagnóstico y problemas edilicios

Jul 31, 2025 Noticias Politica 0

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El sistema acusatorio que otorga centralidad a los fiscales a la hora de investigar los casos, con el objetivo de imprimir celeridad al procesos penal, se convirtió en un tema de confrontación entre la Procuración General de la Nación y el Gobierno. El comunicado oficial del Ministerio de Justicia generó malestar entre los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Acusaciones cruzadas y un diagnóstico crítico sobre el edificio de Comodoro Py.

Desde el Poder Judicial insisten en la falta de diagnóstico por parte de la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona. El Consejo de la Magistratura confeccionó un informe que da cuenta de los problemas estructurales, al igual que la Procuración donde expuso deficiencias edilicias y problemas de recursos humanos.

Bajo el nuevo sistema procesal penal, los fiscales comenzarán a cumplir un rol de absoluta relevancia. En la actualidad es decisión del juez delegar la investigación en el Ministerio Público Fiscal. Cuando se implemente la nueva modalidad, eso ya no ocurrirá.

El modelo acusatorio pone en cabeza de los fiscales el proceso de investigación, acusación para llegar a la instancia del juicio oral. Además, implementa un cambio sustancial: todo se resolverá en audiencias públicas y con plazos máximos de duración -tres años, o seis para las causas complejas- para que los procesos no demoren décadas, como ocurre actualmente.

Es la premisa de la celeridad de los procesos penales una de las bases del nuevo Código Procesal Penal.

La dinámica se modificará. Actualmente, es la Oficina judicial la responsable de manejar y distribuir todos los casos que ingresan a Comodoro Py. El nuevo modelo elimina ese proceso: todo ingresará a través del Ministerio Público Fiscal, lo que demandará una mayor coordinación con los fiscales.

Humedad y deterioro, las condiciones en las que está el edificio de los tribunales federales porteños, en la avenida Comodoro Py.

En esta instancia, sólo se sortearán los jueces de revisión que lo hacen los jueces de garantías cuando elevan las apelaciones, lo que implica que los jueces dejan de dictar “procesamientos”, sino que serán garantes del proceso que lleva la fiscalía adelante. Mientras están quienes sostienen que los magistrados “pierden poder”, están quienes eligen referirse a un “cambio de funciones”.

Cuando el sistema acusatorio entre en vigencia en Comodoro Py, por ejemplo, los jueces de los Tribunales Orales ya no tendrán casos. En función de ese escenario, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura trabajan en las estadísticas de prospectiva, es decir, cuánto demorarán los TOF en resolver los casos residuales, aquellos que no ingresan a través del nuevo Código Procesal Penal. Un trabajo estadístico para determinar el tiempo que les demandará concluir con los debates orales.

Por el momento, no será el 11 de agosto la fecha en la que el Acusatorio se ponga en marcha en Comodoro Py. Fuentes judiciales sostienen que el retroceso del Gobierno respecto al plan original, responde a la “falta de diagnóstico real sobre el estado de situación” de los Tribunales de Retiro. Se habla de un “plan integral” necesario para un correcto funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal.

El estado deplorable de Comodoro Py

La Procuración General de la Nación realizó un informe preliminar que expone “las asimetrías, carencias y necesidades advertidos respecto de otras jurisdicciones, pero en un marco de una litigiosidad muy compleja que demanda, con frecuencia, abordajes multidisciplinarios, entre otros recursos necesarios para que los fiscales puedan desarrollar las funciones que el nuevo orden procesal les asigna, al mismo tiempo que continúen atendiendo el considerable volumen de procesos hoy en trámite”. Aquellas fueron las palabras del Procurador Eduardo Casal, en una de las últimas notas remitidas al Ministerio de Justicia.

Desde la cartera que dirige Cúneo Libarona hablan de «desidia y años de desinversión» en el mantenimiento de Comodoro Py. Pero también sostienen que las falencias edilicias no son motivo suficientes para no implementar el sistema acusatorio, sin embargo, firmaron la prórroga por tres meses.

En un informe de 80 páginas la Procuración General de Justicia detalló diversos aspectos que exponen la crisis integral que afronta el fuero federal penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así también, el penal económico.

El estado deplorable de Comodoro Py

Respecto a la situación edilicia, se consignó que el fuero criminal y correccional federal de Capital Federal, funciona en cinco inmuebles distintos: En el edificio de Comodoro Py 2002 funcionan las 12 fiscalías federales de primera instancia, 7 fiscalías ante los tribunales orales y la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de CABA.

Ese edificio es compartido con el Poder Judicial. Las fiscalías ocupan una superficie de 1.598m². El MPF considera que son dimensiones insuficientes incluso, para las actuales funciones.

Fue justamente la falta de espacio la que obligó a que haya personal de las fiscalías que trabajan en edificios anexos.

Algo similar ocurre con el fuero Penal Económico. El personal realiza sus funciones en tres edificios. Sin embargo, las cuatro fiscalías ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico funcionan en Comodoro Py, en un espacio total de 147m². Una vez más, el MPF detalló que las dimensiones ocupadas son insuficientes para las tareas que deben desarrollarse.

Humedad y deterioro, las condiciones en las que está el edificio de los tribunales federales porteños, en la avenida Comodoro Py.

Estos inmuebles son compartidos y las dimensiones también son insuficientes para las funciones actuales del Ministerio Público Fiscal.

Junto al planteo edilicio, el informe también detalla las características generales de los recursos humanos. Entre fiscales federales y nacionales hay 368 cargos que dependen de la Procuración General. A la fecha, según los números internos de ese universo de despachos el 40% se encuentran sin cubrir.

Al momento de analizar la relación edilicia-recursos humanos, se hizo la siguiente cuenta: la sumatoria de la superficie total de los inmuebles en los que funcionan las Fiscalías del fuero federal y el penal económico. Arroja un total de 3.681m² sobre la que se desempeñaban 569 personas.

Se explicó que esas cifras, reflejan un FOC (factor de ocupación: superficie/agentes) de 6,5, cuando el factor de ocupación ideal es de 20 (incluyendo espacios comunes).

En consecuencia, entiende la Procuración que para alcanzar el FOC deseado, la superficie requerida es de 11.380 m² lo que allanará el camino para ir incorporando personal, pero para incrementar la planta en un 56% se requiere una superficie de alrededor de 17.000m².

Tanto desde la Corte Suprema -cabeza del Poder Judicial- como desde la Procuración, coinciden en plantear que uno de los aspectos más inquietantes y que es potestad del Gobierno, es la cobertura de los cargos vacantes.

El 32,93% de los sillones de jueces nacionales como federales, están sin cubrir. El Ministerio de Justicia continúa sin enviar al Congreso 222 pliegos de los cuales 156 corresponden a magistrados. En tanto, las cifras de la Procuración no son menos preocupantes y el Poder Ejecutivo retiene 34 pliegos de fiscales.

Desde el Poder Judicial no son ajenos a estas falencias. El Consejo de la Magistratura también realizó un relevamiento que se actualiza constantemente. Los problemas estructurales son informados oficialmente vía mail y llega a todas las dependencias judiciales, es decir: No hay sorpresas respecto al déficit integral que viven los Tribunales de Retiro y el edificio de calle Inmigrantes.

Bajo la presidencia del juez Horacio Rosatti -cabeza de la Corte Suprema de Justicia- se realizó un relevamiento del cual Clarín obtuvo algunos datos que muchos integrantes de los tribunales de Retiro calificaron como “preocupantes”.

La modificación del cableado integral del edificio demanda una inversión de 5.500 a 6.000 millones de pesos. “Comodoro Py cuenta con el cableado original de 1930, es insostenible la actual situación. Mayor conectividad implica una revisión absoluta de todo el sistema, incluyendo las líneas telefónicas”, explicaron fuentes judiciales.

Junto con la oralidad el sistema acusatorio demanda un sistema tecnológico para su funcionamiento que es inviable sin la conectividad necesaria. Sobre este punto fuentes judiciales hablan de “una modificación integral, para que funcione hay que modificar cableado externo, mobiliario, membranas. El problema es de infraestructura, tecnológico y también de recursos humanos”.

A la necesidad de un sistema de internet que soporte la demanda que tendrá, en Comodoro Py señalan que en la actualidad, son reiterados los cortes del servicio en el edificio, “sumado al robo reiterado en la zona de Retiro de los cables de fibra óptica, la conexión es pésima”.

El Consejo de la Magistratura en este tiempo, avanzó con fondos del Poder Judicial, en la reforma de la principal sala de juicio conocida como “Sala AMIA”: refaccionarla y ponerla a punto para afrontar el cambio del Código Procesal Penal exige 200 millones de pesos. Además, la mitad de las seis salas que se están instalando en el edificio, son financiadas con fondos del Consejo.

Entre los aspectos volcados en su informe, el Consejo consignó que el archivo del edificio debe ser trasladado a la calle Juncal, y esa mudanza con la respectiva adecuación de los espacios demandará cerca de 250 millones de pesos.

Estos gastos deben ser afrontados por el Consejo de la Magistratura, con un antecedente no menor: el proyecto de Presupuesto para el 2025 que remitió el organismo a la Corte Suprema (responsable en enviarlo al Poder Ejecutivo) exponía una demanda de 2.219.567.186.189 de pesos. Ese número no fue avalado por la Casa Rosada.

Los números también fueron recortados para la Procuración General de la Nación: el jefe de los fiscales había elevado al Ministerio de Economía una necesidad presupuestaria de 641.000 millones de pesos, de los cuales fueron aceptados 454.807 millones.

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